Resta menos de un año para la elección presidencial en Colombia, y es importante que la pregunta sobre cómo mitigar y adaptarnos a la crisis climática en nuestro país repose sobre la agenda de los candidatos. La necesidad de tomar acciones para frenar el calentamiento global es urgente, pero son las políticas públicas las encargadas de trazar las rutas efectivas que ayuden a la solución. Vincular a la sociedad civil en este camino es igual de importante aún.
En términos prácticos, Colombia solo aporta aproximadamente el 0,7% de gases de efecto invernadero a nivel global, que son los que se encargan de calentar nuestro planeta. Pero la extracción de combustibles fósiles —a pesar de que la mayoría se quemen por fuera de Colombia— sigue en marcha en nuestro país. De hecho, el petróleo y el carbón son dos de los principales productos de exportación, por lo que resulta vital buscar su disminución gradual y encontrar alternativas económicas sostenibles con el medioambiente.
Aunque internamente la crisis también gira por otro lado. Según cifras del IDEAM, Colombia perdió cerca de 171 mil hectáreas de zonas forestales en todo el 2020. Para dimensionar, el área equivale casi a 7000 veces el terreno total de la cancha del Maracaná, el estadio ubicado en Río de Janeiro. Y a pesar de que se han hecho intentos para frenar la deforestación, su aumento es crítico. La región del Amazonas pasó de perder 98 mil hectáreas en 2019 a 109 mil en 2020. Esto es grave teniendo en cuenta que el 52% del territorio colombiano está cubierto por bosques, y de ese porcentaje el 60% se encuentra en la región amazónica.
Comprometer, ratificar, implementar
Ante este panorama Colombia debería cumplir lo ratificado en el Acuerdo de París, en el que se establece el marco regulatorio para mitigar el cambio climático mundial. Para ello este año presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), en el que marca la ruta para la disminución de la emisión de gases en un 51% para 2030. Sin embargo, según un reporte de la organización Climate Action Tracker concluyó que dichas acciones son “altamente insuficientes”.
Es necesario que durante la contienda electoral se debata la reformulación de acciones eficientes para mitigar el cambio climático y la adaptación del mismo. Pero que también haya compromisos reales para implementarlas. No está de más decir que la responsabilidad es mayor cuando se trata del planeta que compartimos todos, pues la crisis climática no entiende de fronteras.
El tiempo apremia, es por eso que el pasado mes de septiembre se radicó el proyecto de Ley de Acción Climática, el cual pretende, entre otras cosas, impulsar la transición energética a nivel nacional, disminuir un 15% el uso de energía en el sector industrial, reforestar 950 mil hectáreas al año 2030 e incorporar el tema del cambio climático dentro del programa de educación básica primaria y media. El Congreso de la República será el encargado de aprobar su viabilidad. Pero serán los futuros gobernantes los encargados de su implementación y búsqueda de financiamiento para que se lleve a cabo.
La responsabilidad política en Colombia es representada en el cuidado y protección de su biodiversidad. Los sistemas de vida que se encuentran en esta parte de la región son sumamente importantes para el ecosistema en general. Un ejemplo de esto es la Amazonía, donde su capacidad de evaporación de la humedad se ve reflejada en las lluvias sobre la región andina a más de 3.000 kilómetros de distancia, y que son vitales para la producción agrícola.
El plan de gobierno actual pretende sembrar 180 millones de árboles a nivel nacional, el cual debe cumplirse para lograr la meta de aquí a 10 años. Pero el esfuerzo será insuficiente si la deforestación no frena. Para Luis Camargo, líder climático y director de la organización OpEPA, este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta Colombia por su afectación a la biodiversidad del país. “Son amenazas al sistema de vida que además aportan porcentajes significativos al cambio climático y al efecto invernadero”, explica, mientras afirma que se deben buscar soluciones basadas en la naturaleza, como la protección y restauración de los manglares.
Más allá de operaciones militares para contrarrestar los responsables, es imprescindible que el debate también gire sobre garantizar la seguridad de los guardabosques en los Parques Nacionales Naturales, así como la de los líderes y lideresas ambientales que se encuentran en zonas rurales. El último informe de la ONG Global Witness ubicó a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercer liderazgos medioambientales. Por eso las comunidades piden ratificar el Acuerdo de Escazú.
Participación ciudadana
Es el 2018 en Costa Rica y 23 países de América Latina y el Caribe acordaron firmar el Acuerdo de Escazú. A 2021, al menos doce ya lo tienen ratificado, es decir, aprobado y adaptado a su legislatura correspondiente. Colombia aún no lo hace. Y aquí lo importante: el acuerdo promueve el acceso a la información pública sobre temas medioambientales, al tiempo en que empodera a la ciudadanía que vela por su territorio, y garantiza la justicia climática.
La participación ciudadana es igual de importante que las responsabilidades políticas, aunque para ello se necesitan acuerdos vinculantes entre el Estado, empresas y sociedad civil, además de un marco normativo que impulse la transición a mercados sostenibles con el medioambiente. “Una transición rápida y efectiva que busque restaurar los sistemas de vida. Y por el otro lado consumidores que tomen decisiones que aceleren las transiciones de las empresas”, cuenta Luis Camargo sobre la responsabilidad individual.
Las acciones ciudadanas —como optar por utilizar transporte público, reciclar en casa, evitar el uso de plásticos— aunque parecieran incipientes al tratarse de un problema mayor, son necesarias para empezar a modificar los pensamientos y comportamientos con nuestro planeta.
La transición también debe entenderse desde una intención individual hacia una colectiva, entendiendo a los tomadores de decisiones como parte del grupo. Es decir, todos guardamos la responsabilidad —aunque en porcentajes diferentes— sobre lo que nos sucede como especie y la manera en que lo afrontamos. “El libre albedrío debe existir, pero si está en contra del bienestar planetario no estamos lo que tenemos que hacer para enfrentar el cambio climático o la pérdida de biodiversidad”, finaliza Camargo.
