“No hay una receta. Tampoco un camino trazado, ni una alternativa definida. Hay que construirlo”.
– Alberto Flores Galindo
Los derechos de la naturaleza funcionan en Colombia como una poderosa herramienta política y jurídica que permite trasladar la conversación del antropocentrismo, hacia la importancia de un modelo biocentrista o ecocentrista, donde la naturaleza es la prioridad. En Colombia, desde 2016, se reconocieron los ríos Atrato, Cauca, Magdalena, Quindío, Combeima, Cócora y Coello como sujetos de derecho, marcando así un importante avance en cuanto a preservación de la naturaleza y una política a favor de la descarbonización y el cuidado del medio ambiente.
Desde hace un par de décadas, desde la academia y la conversación política internacional se planteó la posibilidad de que la naturaleza, así como otras figuras “inanimadas”, fuera un sujeto digno de derechos. Con el argumento de que la economía y la política está basada en la explotación y no en el cuidado, algunos/as pensadores apostaron por esta propuesta, como una forma de cuidar los recursos naturales y la tierra en sí misma.
Tal como sucedió en Colombia durante el 2016, desde el origen de éste planteamiento, otros países se han sumado a reconocer los derechos de la naturaleza a través de un marco legal, constitucional y judicial. Los países que se han vinculado paulatinamente a ésta iniciativa, lo han hecho mayoritariamente desde la rama legislativa.
No obstante, en el caso particular de Colombia, se ha arriesgado a tomar partido desde la rama judicial. Con la Sentencia de la Corte Constitucional T 622 de 2016, la nación reconoció al Río Atrato como sujeto de derechos, figura con la cuál se busca procurar la conservación de la naturaleza y mitigar sus daños en función de la actividad humana. En este orden, la nación designa una personería jurídica para éste río y otros espacios que figuran bajo el mandato. Dicha personería, hasta la actualidad, está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Algunos países que se suman a la iniciativa en el mundo, además de Colombia, son:
En conformidad con las metas establecidas en el Acuerdo de París, los derechos de la naturaleza se han convertido en una herramienta poderosa para preservar algunas zonas del planeta que son claves en la recuperación del medio ambiente y la reducción de emisiones.
Al respecto de imaginar un mundo donde la naturaleza figura como sujeto/a de derechos, la investigadora Esperanza Martínez Yánez y su colega Alberto Acosta Espinosa, proponen el análisis de los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible. Allí los investigadores proponen que el reconocimiento de éstos derechos en el mundo contemporáneo tienen dos objetivos principales: conservar y transformar.
Teniendo de precedente que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto y no como objeto se desprende de la necesidad y vínculo irrefutable del ser humano con su entorno, el análisis evalúa la necesidad de preservar, pero también de transformar la forma en que la sociedad se relaciona con su entorno.
Por ejemplo, las comunidades indígenas han demostrado que es posible relacionarse con la naturaleza más allá de un vínculo extractivo. Así, reconocer los derechos de la madre tierra no solo permite preservarla, sino dar un nuevo sentido y límite al territorio y reconocer formas de vida diferentes. Asimismo permite la regulación de los ciclos hídricos, las emisiones de carbono, el tratamiento de basuras, entre otros factores esenciales para mantener el equilibrio necesario.
Así, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza no solo tienen un beneficio para el medio ambiente y la conservación de los ecosistemas, sino que beneficia la preservación y bienestar social de las comunidades, fortaleciendo la economía e incentivando la conservación de la cultura.
Según Martínez y Acosta, la llegada de esta figura legal, constitucional y judicial en ciertas regiones del mundo, especialmente en el caso de Latinoamérica es esencial en el camino hacia el cambio. Los autores aseguran que “es motivador ver que en otras latitudes se comienza a debatir sobre el tema. Esta es una cuestión global, a todas luces”.
Asimismo afirman que es una tarea compleja, pues presupone cambiar no solo el pensamiento de algunos sectores detractores, sino también cambiar ciertos hábitos de consumo y formas de vida, que inevitablemente generan incomodidad e inconformismo.
Por tal razón, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza debe estar acompañado de “la existencia de marcos jurídicos locales, nacionales e internacionales adecuados, teniendo en consideración que estos temas atañen a la Humanidad en su conjunto”. Es decir, que aunque este reconocimiento debe darse, en el mejor de los escenarios, de forma global, debe estar adaptado al contexto local, social, cultural, medioambiental y político de cada territorio en específico, para así garantizar el éxito de su implementación.
Desde el proyecto Camino Hacia Carbono Neutral liderado por las organizaciones Opepa y Climate Reality América Latina en alianza con la Procuraduría General de la Nación, se busca construir lazos y así brindar a las instituciones y la sociedad civil alternativas y soluciones frente a la crisis climática, tal como es el caso de los derechos de la naturaleza.
Durante su gestión, el proyecto ha participado activamente para entablar conversaciones con gobernantes, comunidades y periodistas, con el objetivo de brindar herramientas que permitan incluir la descarbonización en todos los planes y narrativas adelantadas.
Si deseas conocer más sobre el proyecto y las alternativas que puedes tomar frente al cambio climático y la preservación del medio ambiente, ingresa a nuestro sitio web y explora las acciones que cuentan con un alto potencial de éxito en la mitigación de la crisis.
No olvides seguirnos en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, para mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en Colombia y el mundo en torno a la descarbonización.