El trabajo colaborativo es un factor fundamental para frenar con éxito la crisis climática y alcanzar los objetivos de descarbonización propuestos para el 2030. Esto implica que todos los actores involucrados en las estrategias reconozcan sus debilidades y fortalezas para que entre todos y todas enfoquemos nuestros esfuerzos hacia un mismo propósito.
Un claro ejemplo de esto son los bonos de carbono, una herramienta mediante la cual quienes más emiten carbono a la atmósfera pueden financiar proyectos para capturar CO2 en el mediano y largo plazo.
Pero, antes de explicar el funcionamiento de los bonos, debemos entender de dónde surgen.
Para alcanzar el objetivo de reducir al máximo las emisiones de carbono antes del 2050, el Gobierno Nacional creó un arancel para desincentivar el uso de los combustibles fósiles y estimular a las empresas para que adopten nuevas fuentes de energía limpia.
El impuesto al carbono surge con la ley 1819 de 2016 con el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el país. Consiste en realizar un cobro a la utilización de combustibles fósiles, los cuales, según el Ministerio de Ambiente, son responsables de cerca del 27% de las emisiones totales del país.
Asimismo, el impuesto se debe pagar cuando el combustible se vende dentro del territorio nacional, cuando se retira para consumo propio por parte del productor o cuando se importa.
Los combustibles gravados son:
El gas natural tiene una excepción, solo genera impuesto si se utiliza en la refinación de hidrocarburos o la petroquímica.
El cobro se hace a partir de un precio fijo por año para cada tonelada emitida; en 2022 se estableció el valor en $18.829. Sin embargo, no todas los involucrados en la utilización de los combustibles fósiles deben pagar este impuesto, ya que existe una excepción: los bonos de carbono.
Los bonos de carbono se utilizan para realizar el financiamiento de proyectos que tengan como objetivo reducir las emisiones o almacenar el CO2 en la tierra o el agua garantizando que en el largo plazo este no regresará a la atmósfera.
Pueden ser proyectos que se adelanten internamente dentro las empresas que están utilizando los combustibles fósiles o de otras organizaciones que reciban financiamiento de quienes corresponde el impuesto. Eso sí, el decreto 926 de 2017 establece que todos estos proyectos deben ser iniciativas de mitigación implementadas en el territorio nacional. Además, deben ser desarrollados con metodologías elaboradas por programas de certificación y que puedan ser “consultadas públicamente y ser verificables por un organismo independiente”.
Todo esto se hace con el fin de que la excepción al impuesto realmente la reciban organizaciones que estén cumpliendo con su responsabilidad en el camino hacia la descarbonización. Por esto, los proyectos deben cumplir con cuatro aspectos esenciales para que sean aprobados como generadores de bonos de carbono:
Según proyecciones del programa Verified Carbon Standard (VCS), uno de los entes que realiza la verificación de los proyectos, el país alcanzará la reducción de más de 30 millones de toneladas de CO2 por año mediante los proyectos que generan bonos de carbono. La mayoría de estos están enfocados en agricultura, forestación y uso responsable de la tierra, pero también cuenta con proyectos en los sectores de energía, manufactura y desechos.
Vale la pena destacar que quienes no se adhieren a la excepción de los bonos de carbono también están contribuyendo a las metas de descarbonización. El Gobierno Nacional ha estipulado que el recaudo se destinará a la conservación de los bosques amazónicos, fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, implementación del Acuerdo para la terminación del conflicto armado, manejo de la erosión costera y la protección de fuentes de agua y ecosistemas, entre otros.
Los bonos de carbono son unas de las mejores herramientas con las que cuenta el país para frenar la crisis climática. Las empresas se responsabilizan por la utilización de combustibles fósiles a la vez que se impulsan proyectos que trabajan encaminados hacia la descarbonización y un futuro sostenible para todos y todas.
Desde el proyecto Camino Hacia Carbono Neutral, financiado por UK Pact y liderado por las organizaciones OpEPA y Climate Reality América Latina en alianza con la Procuraduría General de la Nación, se busca construir lazos y así conectar a las instituciones y a la sociedad civil con alternativas y soluciones frente a la crisis climática.
Durante su gestión, el proyecto ha participado activamente para entablar conversaciones con gobernantes, ciudadanía, sector privado y periodistas, con el objetivo de brindarles herramientas que permitan incluir la descarbonización como parte de los planes y narrativas adelantadas, y así construir comunidades resilientes a la crisis.
Si deseas conocer más sobre el proyecto y las alternativas que puedes tomar frente al cambio climático y la preservación del medio ambiente, ingresa a nuestro sitio web y explora las acciones que cuentan con un alto potencial de éxito en la mitigación de la crisis.
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