La acción climática debe asegurar que las cargas del cambio climático, así como los beneficios de las acciones que se implementen para mitigar sus efectos, se distribuyan de manera justa, considerando que las responsabilidades en esta crisis son compartidas pero diferentes. Las autoridades locales, deben promover la justicia en la distribución para lograr beneficios equitativos y demandar responsabilidades según la capacidad y el papel de cada uno, evitando situaciones de mayor vulnerabilidad. Además, la acción climática debe asegurar el bienestar tanto de las personas que actualmente habitan el planeta como de las generaciones futuras.

Es crucial articular todos los instrumentos públicos, las herramientas y las instituciones que operan a nivel nacional, regional y local relacionadas con la acción climática. Las autoridades locales deben entender que los impactos de la crisis climática afectan diversos aspectos de la vida como la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la gestión del riesgo, los derechos humanos, entre otros. Por lo tanto, deben trabajar para aunar estos esfuerzos y asegurar el bienestar de la ciudadanía (comunidades y personas) de cara a los impactos del cambio climático.

En los instrumentos de planificación territorial es fundamental tener en cuenta los límites de autorregulación del planeta, toda vez que sin esta consideración no es posible garantizar en el largo plazo la vida y el bienestar de quienes habitan los territorios. Para lograr lo anterior, las autoridades locales deben comprometerse a revisar y actualizar los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta la perspectiva climática, la gestión del agua, calidad del aire, regeneración de los suelos, conservación de la diversidad etc. En este proceso, integrar la Estructura Ecológica Principal (cuencas, ecosistemas, zonas verdes, etc.) constituye un factor clave en la planificación. La gestión del cambio climático requiere de una visión a largo plazo, implementada a través de transformaciones progresivas en el corto y mediano plazo.

La gobernanza se refiere a formas de gobierno no jerárquicas en las que participan varios actores. Las autoridades locales deben promover la participación de diversas voces y actores en un enfoque de toma de decisiones horizontal. Esto incluye fortalecer la capacidad de la sociedad para incidir en las decisiones ambientales, trabajar en colaboración con la sociedad civil, la ciudadanía y el sector privado, reconociendo y valorando los distintos tipos de conocimiento y saberes locales y tradicionales.

El financiamiento es esencial para lograr acciones contra el cambio climático. Las autoridades locales deben abogar por un acceso más justo a los recursos, a través de estrategias específicas, con el fin de facilitar el acceso a fondos destinados a medidas de mitigación, adaptación y transición. Esto debe hacerse mientras se protege el bienestar de la población y se priorizan las necesidades locales en el presupuesto. No tomar medidas acarrea costos más elevados, es necesario cerrar la brecha de financiamiento climático nacional (cerca de 2.1 billones/anuales) a través de la inclusión de otros actores como el sector privado, la banca y la cooperación internacional.

Es esencial que las autoridades locales tomen medidas concretas para fortalecer la democracia ambiental en sus territorios. Esto implica establecer un sistema de gobierno que permita una participación ciudadana y comunitaria incidente en las  decisiones ambientales, para lo cual es crucial aplicar los compromisos del Acuerdo de Escazú a nivel local para garantizar los derechos de acceso a la información (previo, oportuno y con un lenguaje y medios accesibles), la participación (amplia, deliberada, consciente y eficaz) y la justicia ambiental.

La lucha frente al cambio climático requiere garantizar la seguridad de todos los actores sociales. Colombia enfrenta desafíos en cuanto a la protección de las personas que defienden el ambiente, el territorio y los derechos humanos, siendo el segundo país más riesgoso del mundo para ejercer esta labor. Por lo tanto, es esencial que las autoridades locales, de la mano con el gobierno nacional, prioricen estrategias sólidas para proteger la vida y la seguridad de estos líderes y lideresas.

La crisis climática genera impactos diferenciados en los actores sociales, afectando desproporcionadamente a las mujeres y cuerpos feminizados, así como a los grupos más vulnerables de la sociedad. Por esta razón, las autoridades locales deben implementar acciones climáticas construidas de forma inclusiva y equitativa, de tal manera que respondan a los contextos sociales, culturales, ecológicos y políticos del territorio, así como a sus necesidades e intereses. De la efectividad de estos procesos a escala subnacional y local dependerá que Colombia transite de forma justa, equitativa e incluyente hacia la carbono neutralidad y resiliencia climática.