Colombia este año se enfrenta al gran reto de incluir en el centro de la discusión política los asuntos ambientales y climáticos, que aunque históricamente se han enfrascado en la discusión de partidos, corrientes e ideales políticos, hoy son considerados como asuntos de interés común a todos los ciudadanos de Colombia y del mundo. En este sentido, es importante aclarar cuál es el panorama actual al respecto de ésta discusión en el país, así como el impacto que genera apropiar éstos temas desde el discurso político, para lograr que luego se materialicen en las propuestas de los candidatos y candidatas.
Cristian Samper, ex director de Wildlife Conservation Society y actual gerente del Bezos Earth Institute, ha señalado enfáticamente que los dos retos ambientales más grandes a los que se enfrenta hoy la humanidad son la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Por su parte, John Knox, relator de la Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Ambientales, argumenta que la crisis climática y ambiental es uno de los asuntos que más atenta contra los derechos fundamentales de los seres humanos. El gran desafío que asumimos entonces como humanidad es el de lograr armonizar las políticas de bienestar humano, de esta y futuras generaciones, con la protección medioambiental de todas las formas de vida que cohabitan el planeta, reconociéndonos como una especie más y siendo conscientes de la interdependencia como condición de posibilidad para la supervivencia.
Reconociendo la dimensión y urgencia del problema, desde la academia, la ciencia y la política global, se han encendido alertas, firmado acuerdos y constituido rutas de acción que permiten soñar con un mundo en el que el ser humano transforme su relación con el planeta y todas las especies que lo habitan, hacia uno en el que se sienta parte de la naturaleza y conviva con ella bajo la las líneas del respeto por la vida y la armonía.
Según el índice de vulnerabilidad climática global, Colombia es uno de los países más vulnerables a la crisis climática, debido a sus condiciones geográficas, políticas, sociales y económicas. Asimismo, según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático , el 100% de los municipios del país presentan algún tipo de riesgo por cambio climático, y por ende, será necesario implementar estrategias prontas y efectivas para contrarrestar éstos riesgos y los impactos directos e indirectos que la crisis climática trae a cada territorio, y así garantizar la protección de los ecosistemas y su capacidad para prestar servicios ecosistémicos.
Esto, además de poner sobre la mesa la urgencia que tiene Colombia de transitar hacia modelos y prácticas que permitan hacer frente a los efectos de la crisis climática de una manera coherente y suficiente con el contexto político, social y económico actual, representa una importante oportunidad de posicionar al país como un referente en Latinoamérica y el mundo. En este sentido, es evidente que el incluir la crisis climática como un asunto político central implica generar un impacto desde diferentes escalas.
Bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, Colombia ha puesto en marcha políticas ambiciosas para disminuir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Su robusto marco constitucional en materia ambiental le ha permitido consolidar jurídicamente un fuerte Sistema Nacional Ambiental en busca de la garantía de un medio ambiente sano para quienes habitan su territorio y le ha permitido avanzar cada vez hacia escenarios de mayor protección ambiental, como lo muestran las sentencias judiciales que avanzan en la consolidación de los derechos de la naturaleza.
Asimismo, se han trazado rutas y metas claras en materia de descarbonización. Como resultado del Acuerdo de París, Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en un 51% para el 2030 y tiene como objetivo a largo plazo ser carbono neutral para el año 2050. No obstante este marco y la necesidad latente de transición que tenemos como país y como especie, existe un reto importante al momento de llevar el discurso a la práctica, sobre todo cuando se trata de la implementación de éstos instrumentos a escala local.
Pese a todas las diferencias políticas e ideológicas que se presentan en el país en términos de organización social, el elemento básico que como especie nos une es que habitamos el mismo planeta, y la amenaza a esta condición nos compete a todos y todas. La evidencia científica sobre el cambio climático y sus repercusiones es inequívoca, no hay cabida para una discusión política sobre su existencia. Por lo tanto,el debate político debe darse en torno a cómo nos organizamos desde distintos escenarios para hacer frente al problema.
El bienestar de esta y de las futuras generaciones depende de una respuesta colectiva apropiada en términos de mitigación y adaptación. Pese a que la dimensión del problema es global, los impactos que el cambio climático produce son distintos para cada territorio y contexto. Por lo tanto, los actores locales toman un papel preponderante en la construcción y puesta en marcha de acciones climáticas que garanticen el bienestar presente y futuro de sus comunidades. Allí, toma especial relevancia la actuación de la administración pública territorial, encargada de orientar la política pública del territorio y garantizar el bienestar de sus habitantes.
En este sentido los instrumentos de política pública territorial de los próximos cuatro años deben contener un adecuado diagnóstico de los impactos del cambio climático en el territorio. A su vez, debe articularse con las políticas internacionales y nacionales en materia en materia de cambio climático y desde allí plantear una estrategia materializada en programas y proyectos concretos que, con propuestas de financiamiento serias, busquen dar respuesta a los impactos sociales y ambientales concretos que enfrenta el territorio por causa del cambio climático.
Por todo lo anterior, este año, Colombia tiene un gran reto: poner la política ambiental y climática en el centro de la conversación durante la época electoral, reconociendo que la crisis climática afecta todas las esferas del desarrollo territorial, como son: la seguridad alimentaria, la disponibilidad hídrica, la infraestructura vial, la activación económica, entre otros.
El impacto de poner la crisis climática en el centro de la discusión política durante este año electoral tiene para el país impactos en diferentes escalas y niveles, pues además de aportar al cumplimiento de metas a escala global y de impulsar a los candidatos y candidatas a incluir propuestas en ésta línea, también permite empoderar a las comunidades para participar de éstos espacios y poner sobre la mesa sus peticiones y necesidades.
La crisis climática y ambiental, como se ha expuesto, es un tema de preocupación a escala global. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otros problemas ambientales tienen impactos significativos en la vida de las personas, la economía y los servicios ecosistémicos y se ha convertido en una preocupación para todas las naciones y territorios, que ya enfrentan los efectos negativos causados, principalmente, por las actividades antrópicas. En este sentido, replicar, alimentar y fortalecer políticas y estrategias suficientes que ya están siendo implementadas y discutidas a escala global impactará positivamente la consecución de metas que se han adquirido conjuntamente y que son base para la transición que se espera en los próximos años.
Colombia es uno de los países megadiversos del mundo, con una gran variedad de ecosistemas y una rica biodiversidad y diversidad cultural. No obstante este panorama y las metas de acción climática que ya como país se han fijado, en la actualidad el país enfrenta desafíos ambientales significativos, como la deforestación, la contaminación de los recursos hídricos y la presión sobre los ecosistemas naturales debido al desarrollo industrial y agrícola a escala nacional. Con base en lo anterior, es importante destacar que la posibilidad de llevar a la práctica los instrumentos ya existentes y trabajar por la implementación de otros tantos que surjan en el camino, incidirá positivamente en el país, impactando y fortaleciendo la naturaleza, la ciudadanía, las especies, la economía, y posicionando al país como un importante referente de transición, que posiblemente pueda inspirar a otros gobiernos y países que hasta el momento no han tomado medidas al respecto.
Poner la crisis climática en el centro de discusión de las elecciones locales en Colombia es una oportunidad para que los ciudadanos/as expresen su voz y elijan a los líderes que representen sus intereses y preocupaciones. Además permitirá difundir una conversación enterada y suficiente, en la que todos y todas puedan participar desde el conocimiento mismo del territorio y las afectaciones que ya se presentan.
Para lograr éste cometido será necesario que los procesos de planificación y desarrollo territoriales integren como eje fundamental la crisis climática y ambiental como un asunto decisivo para garantizar el bienestar de la población, y que los candidatos presenten propuestas claras y sólidas, que respondan de manera coherente y suficiente las necesidades de los municipios y comunidades.
¡Pero esto solo será posible si logramos una construcción en doble vía! Donde los instrumentos nacionales y las estrategias de implementación local se articulan y plantean alternativas conjuntas.
Colombia tiene grandes posibilidades de transición, respaldados por su riqueza natural y respaldo normativo, sin embargo, existen algunos retos por superar en este camino de construcción colectiva y equitativa, que se reúnen en dos grandes obstáculos.
En primer lugar, vale la pena destacar que cada departamento de Colombia es único. Cada territorio presenta necesidades particulares a nivel social, político, económico, cultural, y geográfico, y por ende las rutas más adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático requieren una perspectiva situada y acorde a dichas necesidades. Esto constituye al mismo tiempo un reto y una oportunidad para implementar estrategias coherentes, integrales y multipropósito a escala local y nacional.
En segundo lugar, Colombia se enfrenta a una importante desconexión en términos de gestión pública para la atención de riesgos ambientales y climáticos. Algunas de las dificultades por solventar, son: la poca capacidad de articulación institucional e interinstitucional, el limitado presupuesto asignado al sector ambiente, la falta de continuidad de funcionarios/as públicos en región, la participación deficiente o nula de la sociedad civil en la toma de decisiones (derivada en gran medida porque Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los líderes(as) que ejercen veeduría ambiental), entre otros. Todos y cada uno de éstos factores han limitado la implementación de estrategias efectivas para la mitigación y adaptación a los efectos de la crisis climática, y por ende, han dificultado la aplicación de la norma a escala local.
Estos obstáculos se presentan ante un escenario de urgencia, en donde los impactos de la crisis climática ya se comienzan a sentir en los territorios, especialmente en las poblaciones más vulnerables y grupos históricamente discriminados. Es fundamental entonces adoptar un marco de justicia ambiental para avanzar en las transiciones socioecológicas que ya tienen lugar en nuestras sociedades.
Lograr que los asuntos ambientales y la crisis climática sea uno de los pilares de la discusión política y los planes de gobiernos de las administraciones locales sólo será posible si todos los actores que participan en este proceso se comprometen con este cometido. El sector empresarial, la academia, la sociedad civil, los y las periodistas, la ciudadanía y demás actores claves deben asumir el compromiso de exigir y liderar ésta conversación como un tema de interés y bienestar común y no como una discusión entre partidos o posturas políticas.
Considerando la coyuntura de este periodo electoral desde el proyecto Camino Hacia Carbono Neutral se han venido estableciendo canales de comunicación con los candidatos y candidatas a cargos de elección popular para proporcionarles herramientas que les permitan incluir la gestión del cambio climático en sus planes de gobierno, así como construir una conversación donde la política ambiental se convierte en un eje transversal de los debates y espacios de discusión. El propósito, respondiendo al panorama y a la importancia que tiene este proceso en el país en un contexto electoral, es lograr la inclusión de la crisis climática como un asunto fundamental en los procesos de planificación y desarrollo territoriales, dada su importancia estratégica para garantizar la prestación de servicios básicos, la reducción de la vulnerabilidad territorial, la creación de oportunidades laborales y en términos generales la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza.
En conclusión, como ciudadanas y ciudadanos colombianos, este año, tenemos el gran reto incluir los asuntos ambientales en el centro del debate político, para así lograr que la norma se convierta en realidad a escala local y que pronto las propuestas ambientales de los candidatos(as) se implementen respondiendo a las necesidades expresas de las comunidades, y de esta forma, construir país de adentro hacia afuera.
