En Colombia existe una figura constitucional denominada voto programático (Art.259 Constitución Política), la cual impone a los candidatos(as) a alcaldías y gobernaciones presentar un programa de gobierno al momento de inscribir sus candidaturas. Este documento orientará la elaboración del Plan de Desarrollo en su eventual elección (Ley 131 y 154 de 1994) y definirá la visión de desarrollo y bienestar territorial del candidato o candidata. El incumplimiento o falta de concordancia entre el Programa de Gobierno y las acciones de los mandatarios puede incluso llevar a la revocatoria del mandato (Ley 132 de 1994 modificada por la Ley 741 de 2002).
El cambio climático constituye el reto socio ambiental más grande al que nos hemos visto enfrentados como humanidad. El bienestar de esta y de las futuras generaciones depende de una respuesta colectiva, acelerada y apropiada para mitigar y adaptarnos a los efectos de este fenómeno. Pese a que la dimensión del problema es global, los impactos que la crisis genera son distintos para cada territorio y contexto cultural. Por lo tanto, los actores(as) locales asumen un papel preponderante en la construcción y puesta en marcha de acciones climáticas que garanticen el bienestar presente y futuro de sus comunidades.
Dentro de los actores(as) locales hay una especial relevancia en la administración pública territorial, encargada de orientar la política pública del territorio. Los programas de gobierno, como instrumento inicial de planificación de la política pública territorial de los próximos cuatro años, deben contener un adecuado diagnóstico de los impactos en el territorio, articularse con las políticas internacionales y nacionales en materia de cambio climático, y desde allí plantear una estrategia materializada en programas y proyectos concretos, que con propuestas de financiamiento serias busquen dar respuesta a los impactos sociales y ambientales concretos que enfrenta la región como consecuencia de los efectos.
El punto de partida es conocer el territorio, por tanto, el diagnóstico debe considerar datos confiables a partir de informes e índices nacionales e internacionales de instituciones y autoridades reconocidas, que muestren la situación de vulnerabilidad y capacidad adaptativa de los habitantes, infraestructura y ecosistemas del territorio, así como su participación en la generación de emisiones de GEI. Entre otros, debe tener en cuenta los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, considerando especialmente el Inventario Nacional y Departamental de Gases de Efecto Invernadero, el último Estudio Nacional del Agua, los Planes Integrales de Acción Climática, tanto sectoriales como territoriales, y las fuentes de información de gestión del riesgo y ordenamiento territorial del nivel local, como lo son el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental y los Instrumentos Ordenamiento Territorial (POT, PBOT y EOT según la categoría del municipio).
En lo que respecta a la estrategia del programa de gobierno, debe partir del objetivo global adoptado a través del Acuerdo de París sobre cambio climático, que busca limitar el calentamiento global por debajo de 2°C y hacer los esfuerzos necesarios para mantenerlo a 1.5°C, situación en la cual los efectos y consecuencias ponen en riesgo el funcionamiento de los ecosistemas, y por tanto, su posibilidad para generar bienestar humano. Para cumplir esta meta, en sinergia con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, Colombia se propuso reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero(GEI) en un 51% para el 2030, en el marco de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, Además debe reconocer que el país definió, a través de la Estrategia de Largo Plazo-E2050, que el país se consolide como un territorio carbono neutral y resiliente a la crisis climática para el año 2050. Teniendo en cuenta este marco, el programa de gobierno debe plantearse a la luz de las obligaciones que imponen las Leyes 1931 de 2018 (Ley de Cambio Climático) y 2169 de 2018 (Ley de Acción Climática), a través de las cuales se busca materializar los compromisos señalados.
Como elementos transversales de su estrategia, deben encontrarse temas álgidos para el bienestar humano como la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, la transición justa de la fuerza laboral producto de la misma transición energética (especialmente en territorios donde el mercado laboral es altamente dependiente de actividades extractivas del sector minero energético), proteger los derechos humanos (como el acceso al agua potable) puestos en riesgo por cuenta de los efectos de la crisis, adoptar un enfoque diferencial con comunidades étnicas y vulnerables, así como impulsar la equidad de género, reconociendo que los impactos del cambio climático son diferenciados para los distintos grupos poblacionales, poniendo en mayor riesgo aquellos que históricamente han sido discriminados y violentados.
Considerando este escenario, dentro de sus acciones los futuros tomadores(as) de decisión deben considerar medidas para la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los sectores de transporte, energía, infraestructura, cambio en los usos del suelo, gestión de residuos e industria, incorporando por ejemplo tecnologías de cero o bajas emisiones, adoptando lineamientos de infraestructura verde vial, promoción de la transición hacia fuentes de energías no renovables y eficiencia energética, entre otras que además generen beneficios en otras dimensiones como mejoras en la salud, las oportunidades laborales, la educación y la conservación de los ecosistemas.
Por último, dado que el contexto geográfico, político, cultural, social y ambiental del territorio, así como su historia, incide en la forma en que impacta el cambio climático la vida de las personas (tal como fue reconocido en la Reunión de Alcaldes 2022 propiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del Día Mundial de las Ciudades), las respuestas también deben ser diferenciadas. En ese sentido, los programas de gobierno de regiones costeras deben considerar la implementación de acciones relacionadas con hacer frente al daño y en general, apostar por la protección de manglares; las áreas andinas deben emprender acciones por preservar zonas de quebradas, piedemonte y páramos; y las grandes ciudades, por su parte deben centrar su atención en promover sistemas públicos de transporte sostenibles y sistemas agroalimentarios de bajo impacto desde nuevos relacionamientos con la ruralidad.
Desde el proyecto Camino Hacia Carbono Neutral generamos herramientas para acompañar a los futuros tomadores(as) de decisión a involucrar la gestión del cambio climático en sus planes de gobierno, puesto que de esto dependerá que Colombia lidere la acción local de manera acelerada, justa e incluyente, permitiendo avanzar hacia territorios carbono neutrales y resilientes.
