Del cielo a la casa
Un relato sobre la llegada del modelo de comunidades energéticas a Colombia
Por: Daniela Luque
Colombia inició el 2024 con miras a los objetivos de transición energética propuestos a nivel local, regional y nacional. En los primeros dos meses del año, el país estableció, como primera medida, el Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023 (también conocido como “Decreto de Comunidades Energéticas”). Además, el Gobierno anunció la convocatoria de comunidades energéticas, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, en la que más de 18.000 proyectos se han registrado para ser considerados en la asignación de recursos y determinó el presupuesto asignado para algunas de sus apuestas de acción climática.
Este panorama augura un importante avance en tanto las posibilidades de implementación de este modelo en Colombia, pero también despierta una preocupación generalizada sobre el alcance de este esquema de generación, los acuerdos tarifarios o los derechos deberes de dichas comunidades, que se espera, se conviertan en prosumidoras de energía en el país: un modelo en el que las comunidades consumen energía al mismo tiempo que la generan y la devuelven a la red nacional.
Concepto de comunidades energéticas: origen y trayectoria
Las comunidades energéticas se han convertido en una alternativa para la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles y descentralizados. La forma en que se produce, consume y comparte la energía es redefinida por este modelo basado en la colaboración, empoderamiento y participación ciudadana.
Actualmente es difícil rastrear un número exacto de comunidades energéticas existentes a escala global, pues la cifra varía según la fuente y la definición del concepto de ‘comunidad energética’. Sin embargo, en países como Alemania, se estima que cerca del 46% de la capacidad de generación de energía renovable pertenece a cooperativas y comunidades locales, según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).
En este modelo, un grupo de individuos, compañías o entidades se reúnen y organizan para producir, consumir y administrar energía en colaboración y de forma sostenible, generalmente con proyectos de energía fotovoltáica, ya que esta es una de las tecnologías de más fácil acceso, instalación y mantenimiento en la actualidad. En un modelo común de comunidad energética, los participantes colocan paneles solares u otras fuentes de energía renovable en sus propiedades y la distribuyen un espacio determinado.
Inicialmente, la energía generada se utiliza para satisfacer las necesidades locales de las personas que pertenecen a la comunidad y el excedente de este consumo puede guardarse en baterías o ser compartido directamente a la red energética convencional.
El objetivo principal de este modelo es promover la autonomía energética, disminuir las emisiones de carbono y fomentar la participación de los consumidores finales en la transición energética, convirtiendo al usuario final en un ‘eslabón’ dentro de la cadena productiva del recurso energético. Esto, en lógica de que las personas entiendan y mejoren su consumo energético.
En Chile, por ejemplo, las comunidades energéticas están en alza como parte de la transición hacia energías más limpias. Aunque no hay posibilidad aún de rastrear cifras exactas, se han multiplicado, especialmente en zonas rurales. La Ley 21.118, establecida en el país, ha sido clave al establecer el marco legal para su desarrollo. Ejemplos como el proyecto Energía Comunitaria de Peñalolén y la Cooperativa Eléctrica de Peñihue destacan su impacto local. A pesar de los avances, en Chile, persisten desafíos en financiamiento y regulación que limitan su expansión, como lo ha mencionado la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en varias ocasiones.
Entre los beneficios más destacables de este modelo, ya aterrizado al contexto colombiano, se encuentran: la disminución de la dependencia de combustibles fósiles, la creación de empleo local y la garantía del acceso al recurso energético para comunidades que históricamente han estado desconectadas del sistema o que tienen dificultades por su posición geográfica o conflictos sociopolíticos en su territorio.
Las comunidades energéticas llegaron a Colombia… ¿Y ahora qué?
Colombia tiene como objetivo reducir en un 51% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el año 2030. En 2020, como parte de esta estrategia, se implementaron 196 medidas para adaptarse y mitigar el cambio climático, las cuales abarcan desde la diversificación de fuentes energéticas, hasta medidas compensatorias, asignaciones presupuestales y la adopción de algunos instrumentos públicos.
En términos netamente energéticos, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) prevé un aumento anual del 2,22% al 3,35% en la demanda de energía del país hasta el año 2036. Dado este escenario, es indispensable promover la generación de energía autónoma a pequeña escala y fomentar un uso eficaz y sostenible de la energía.
En este contexto, las comunidades energéticas aparecen como una opción factible para mejorar la prestación del servicio, diversificar la matriz energética y fomentar un consumo responsable de energía. Estas acciones, no solo ayudan al ambiente, sino que también refuerzan las habilidades locales, empoderan a las comunidades y promueven la adopción de tecnología.
Primera comunidad energética del país: lecciones y aprendizajes de un modelo de y para prosumidores
Como se mencionó al inicio, el modelo de comunidades energéticas avanza de manera acelerada, dando apertura a proyectos de alto impacto social, económico y de bienestar. Tal es el caso de la comunidad energética con enfoque étnico gestionada por FENOGE en Bocas del Palo, Valle del Cauca, que fue anunciada por el Gobierno a inicios del 2023 como la “primera comunidad energética del país”.
No obstante este anuncio, hecho con bombos y platillos, sobre la llegada del primer proyecto gestionado desde el presupuesto público nacional, es importante destacar que incluso antes del anuncio oficial, en el barrio El Salvador en Medellín, ya operaba el proyecto piloto impulsado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en alianza con la Universidad EIA, ERCO y la empresa NEU, de la primera “comunidad solar” del país.
Lo que inicialmente se planteó como una investigación que tenía como objetivo conocer el alcance y posibilidades del modelo de comunidades energéticas en el Colombia, terminó convirtiéndose en el caso más sonado de democratización de la energía en todo el territorio nacional.
Según los datos de EPM, para el montaje de la comunidad de El Salvador, se dispusieron tres viviendas, en las que se instalaron 43 paneles solares, aprovechando los techos más resistentes y adecuado para la tecnología, que se distribuyen por medio de generadores con capacidad hasta para 3.000 kWh/mes. Esta carga, permite dar energía a las 23 familias que se encuentran vinculadas al proyecto y devolver un poco de lo generado a la matriz energética regular.
Allí, en la calle conocida como “la estrecha”, Rodrigo García, un líder y gestor de este proyecto, sentado en su sillón y reproduciendo música en su televisor alimentado por energía solar, nos cuenta cómo se gestó la iniciativa:
Aunque el caso de la comunidad energética del barrio El Salvador es un ejemplo de cómo estas comunidades pueden operar con éxito, siempre que el proceso incluya acciones, actividades y estrategias de gobernanza pensadas en colectividad, también fue el proyecto que dejó en vilo los retos que como país aún se deben superar para garantizar una correcta implementación del modelo en todo el territorio. Asimismo, el proyecto abrió la discusión sobre los mecanismos que permiten (o no) la sustentabilidad del modelo en el tiempo y la importancia de trabajar en procesos de gobernanza robustos y duraderos.
Santiago Ortega, cofundador y director de innovación de la empresa Emergente Energía Sostenible, sostiene que aunque el decreto de comunidades energéticas establece las figuras legales para la autogeneración distribuida y la generación distribuida comunitaria, definitivamente necesita mayor claridad, especialmente en lo que respecta a las tarifas. Esto, porque el vacío en la regulación, al igual que la no definición de los derechos, deberes y alcances de las comunidades, puede dificultar la viabilidad económica de los proyectos, así como su perdurabilidad en el tiempo.
Para el éxito continuo de las comunidades energéticas, es fundamental mejorar la educación energética y simplificar los trámites administrativos, asegura Ortega. Además, se requiere un marco regulatorio claro y accesible para facilitar la implementación de estos proyectos, donde se establezcan costos claros de transacción por la producción y venta de la energía, así como un acompañamiento suficiente a las comunidades y demás actores interesados en financiar proyectos de este tipo. Esto, teniendo en cuenta que el decreto tampoco clarifica los alcances y las posibilidades para financiar proyectos en modalidad mixta público-privada o alternativas de financiamiento combinado.
En este contexto, es importante destacar que, aunque los proyectos de energía son rentables en general, es necesario establecer tarifas atractivas y condiciones favorables para que tanto el sector privado como el público se animen a invertir en ellos, según como lo expone Ortega. Así, el proyecto piloto en El Salvador, se convierte en un importante ejemplo de lo que se debe hacer, lo que hace falta y lo que no funciona bien al momento de implementar el modelo en el contexto colombiano.
El piloto en El Salvador llega a su fin
Cuando el proyecto inició en el barrio El Salvador, la comunidad se sentía incrédula sobre la veracidad de la propuesta. “De eso tan bueno no dan tanto”, era el pensamiento que deambulaba por las calles de este pequeño barrio al oriente de Medellín. Sin embargo, Rodrigo García, un acérrimo creyente de los beneficios que este proyecto traería a la comunidad, sirvió de eje para articular a los vecinos y vecinas con la Universidad EIA y con las demás entidades líderes del proyecto.
Después de más de un año de la implementación del piloto, es preciso decir que el proyecto ha llegado a su fin, y actualmente, la comunidad se encuentra en un proceso organizativo para negociar los paneles y las baterías instaladas en el barrio. Esto, con el objetivo de garantizar el recurso para las 23 familias que hoy están vinculadas al proyecto, o bien, para ampliar la cobertura de energía solar por medio de la consecución de recursos adicionales.
Como cuenta Don Rodrigo García, las empresas, la universidad y las personas que llevaron el piloto al barrio, han brindado apoyo a la comunidad para guiarlos en el proceso de constituirse como una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), pues esta figura les permite entrar a negociar como personas jurídicas y abrir las puertas a presentarse a convocatorias nacionales e internacionales para ampliar la red que ya ha sido instalada.
Esta negociación es necesaria, porque una vez terminada la prueba, y justo como lo explicó Don Rodrigo, los paneles deben ser comprados por la comunidad a EPM, quien es el dueño actual del insumo. Esto porque el costo de los mismos nunca hizo parte de las garantías iniciales del piloto. En este proceso, la comunidad debe argumentar el costo de los paneles, teniendo en cuenta que tienen poco más de un año de uso, y que tal vez, para EPM sería más costoso desinstalarlos que dejarlos en las 3 casas en las que ya están distribuidos y funcionando.
En este contexto, es importante destacar que aunque el proceso siempre se pensó como una ‘prueba piloto’, luego de un año de trabajo conjunto y de acceso ilimitado a todos los beneficios del piloto, en la comunidad hay incertidumbre sobre la posibilidad de que el los paneles queden donde ya fueron instalados.
Una vez más, El Salvador se convierte en un referente
El proceso que se llevó a cabo en el barrio El Salvador, también abrió la conversación en medios y espacios de discusión política, sobre la importancia de lograr procesos de apropiación suficientes dentro de las comunidades a las que llegará este modelo. No solo por la garantía del recurso, sino para propulsar comunidades autónomas y capacitadas para tomar decisiones y buscar recursos que permitan ampliar el modelo y transformar las prácticas de consumo.
Juanita García, investigadora de la EIA, nos cuenta cómo el proceso de capacitación hecho con la comunidad, es uno de los pilares del éxito del piloto y uno de sus diferenciadores con otros modelos que se han dado a escala Latinoamérica, e incluso algunos que se gestan hoy en el territorio nacional:
De esta forma, el piloto instalado en la que se conoce popularmente como la primera comunidad energética del país, es una muestra de que el trabajo colectivo permite el empoderamiento y apropiación que garantizan la perdurabilidad de los proyectos a mediano y largo plazo. Sin duda, esto constituye un reto para todos los actores que participan y que participarán en la implementación de las comunidades que se proyectan implementar en el país.
En general, la llegada del modelo de comunidades energéticas a Colombia marca un hito en su camino hacia un futuro más sostenible y participativo en términos energéticos. A pesar de los desafíos pendientes en regulación y financiamiento, el entusiasmo y la colaboración de las comunidades señalan un camino prometedor hacia la generación distribuida y la seguridad energética.
Con este modelo, Colombia no solo podría reducir su dependencia de combustibles fósiles, sino también fortalecer la participación ciudadana en la transición hacia un sistema energético más limpio y equitativo.
Para conocer más del modelo de comunidades energéticas en Colombia, sus retos y oportunidades, escucha:
