En las últimas décadas, la crisis climática se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la humanidad, con impactos que van desde fenómenos meteorológicos extremos hasta la degradación de ecosistemas enteros. Uno de los efectos más preocupantes y sonados en las discusiones políticas a escala global es el aumento de las migraciones climáticas, causadas por los impactos de este gran desafío. Estas migraciones, que se prevé aumenten en frecuencia e intensidad con el paso de los años, plantean importantes retos para el mundo entero en términos de protección de derechos humanos y mitigación y adaptación a los efectos de la crisis climática.
Según las proyecciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las migraciones climáticas pueden provocar el desplazamiento de hasta 200 millones de personas para el año 2050. Estos desplazamientos son causados por eventos climáticos extremos que afectan directamente los medios de vida de las comunidades, como las sequías, inundaciones o el aumento del nivel del mar. Afectando, nuevamente y de manera desproporcionada, a comunidades vulnerables en el “sur global”.
Esto, porque las migraciones causadas por cuestiones climáticas pueden exacerbar la vulnerabilidad de ciertos grupos, como es el caso de las mujeres y los niños y niñas, quienes, en situaciones de movilidad humana, se enfrentan a situaciones paralelas como la violencia de género, explotación y falta de acceso a servicios básicos y derechos fundamentales. Por lo tanto, expertos y expertas a lo largo del mundo coinciden que las migraciones climáticas requieren un enfoque integral e interseccional que considere la mitigación y adaptación al cambio climático, así como alternativas de protección de los derechos humanos de las personas que se ven forzadas a moverse de lugar.
Andrés Aristizabal Isaza, miembro del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales y el Movimiento Laderas, menciona que las migraciones climáticas requieren una atención especial, al ser un fenómeno que afecta múltiples esferas de la vida. Asimismo, destaca que “es fundamental poner el tema de las migraciones climáticas en la mesa de diálogo a nivel nacional e internacional, ya que es un fenómeno creciente e innegable que requiere ser registrado y atendido de manera adecuada”.
Aunque en Colombia existe un subregistro sobre migraciones causadas por el cambio climático, hoy el país apunta a convertirse en el primer país de Latinoamérica en tener una ley que aborde específicamente el desplazamiento climático.
El proyecto de ley en Colombia enfrenta desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la definición precisa de desplazamiento climático y a la forma en que se deben abordar legalmente los derechos de las personas afectadas. Según Juan Pablo Sarmiento, profesor asociado de la Universidad de La Sabana, es “una necesidad definir y abordar el concepto de migraciones climáticas, así como rastrear los casos presentes en todo el territorio, para garantizar que las políticas y acciones aborden realmente las causas subyacentes y garanticen la protección de las comunidades afectadas”.
Expertos y expertas en el país sugieren que la construcción de esta categoría debe ser un proceso inclusivo y horizontal, que evite la estigmatización y la victimización de las personas afectadas. Sin embargo, es importante destacar que si el país logra superar la barrera del subregistro y se logra llevar el proyecto de ley a buen término, este proceso podría sentar un precedente importante para otros países de la región y del mundo que también enfrentan el desafío del desplazamiento climático.
Un caso que representa uno de los primeros signos de las migraciones climáticas en Colombia comenzaron a manifestarse en 2005, cuando la comunidad wayuu Twuliá, ubicada en La Guajira, vivió cómo el mar comenzaba a erosionar su territorio. Situación que para 2007 registró daños importantes en términos ambientales, pero también culturales y sociales asociados a las prácticas ancestrales de la comunidad de la Cachaca III.
Al día de hoy, el mar ha destruido dos viviendas, una alberca, una caseta comunitaria, varios árboles y un cementerio de ancestros, afectando gravemente la zona de desembarco de las lanchas pesqueras, principal medio de subsistencia de la comunidad. Pese al compromiso del Gobierno para estudiar la situación, ha pasado mucho tiempo sin acciones concretas que han resultado en la destrucción parcial de este territorio sagrado.
Actualmente, cinco familias wayuu se encuentran en situación de desplazamiento en Bogotá debido al avance de la erosión costera, que los ha dejado sin medios de vida. En diciembre de 2023, Pedro Fonseca Epiayu, Clarena Fonseca Uriana y Edwin Fonseca Redondo interpusieron una acción de tutela contra el Gobierno y otras entidades, solicitando medidas cautelares como el envío de personal de salud y agua para las familias que aún están en Cachaca III, así como la información sobre el estudio prometido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Te recomendamos: Pros y contras de la transición energética en Colombia
Aunque los esfuerzos no han sido suficientes para frenar la situación que enfrenta la comunidad, el resonar de este caso en diferentes espacios y medios de comunicación, han hecho ruido y han permitido avanzar con el apoyo de diferentes organizaciones. Clarena Fonseca Uriana, líder de la comunidad ha expuesto en diferentes espacios, cómo la erosión costera ha obligado a cinco familias a abandonar sus hogares y el riesgo que enfrentan otras familias si la situación empeora.
Sin duda, este caso podría convertirse, al igual que el proyecto de ley -si es que logra concretarse-, en un hito en el derecho colombiano en materia de cambio climático, así como sentar un precedente para otras comunidades vulnerables en la región que enfrentan situaciones similares.
Según datos de UNICEF, en América Latina los desastres asociados al clima han afectado a 2,3 millones de personas en los últimos seis años, y se espera que 4,6 millones de personas se vean afectadas por inundaciones en los próximos 30 años…
¿Lo lograremos?
Si quieres saber más sobre cómo avanza la descarbonización en los distintos sectores de la sociedad, te invitamos a que visites el sitio de Camino Hacia Carbono Neutral. Allí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre acción climática y descarbonización en Colombia y el mundo.
Camino Hacia Carbono Neutral es un proyecto financiado por UK Pact y liderado por las organizaciones OpEPA y Climate Reality América Latina en alianza con la Procuraduría General de la Nación. Desde el proyecto se busca construir lazos y así conectar a las instituciones y a la sociedad civil con alternativas y soluciones frente a la crisis climática, por medio de la creación de herramientas y alternativas que permiten incluir la descarbonización como parte esencial de la acción climática en el país, que buscan construir comunidades resilientes a la crisis.
Para conocer más sobre fenómenos y situaciones asociadas a la crisis climática y las alternativas que tenemos para hacerle frente, te invitamos a escuchar “El aire que respiro”:
