Con la mirada puesta en el 2024, Colombia enfrenta una serie de retos importantes para dar cumplimiento efectivo a las metas trazadas a nivel nacional y global, que van desde proteger a los defensores ambientales hasta frenar la deforestación y abordar conflictos socioambientales en todo el territorio nacional.
El país se encuentra en un momento en el que la toma de decisiones estratégicas y acciones efectivas e inmediatas son necesarias y urgentes para liderar la acción climática local. Y en este contexto, el compromiso con la transición energética, la adecuada destinación de recursos y la mejora en la ejecución de políticas ambientales son elementos clave en el camino hacia un desarrollo sostenible.
Actualmente, Colombia se encuentra en una coyuntura decisiva sobre su trayectoria ambiental y el año 2023 marcó un punto de partida, como consecuencia de los compromisos del presidente Gustavo Petro en su Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, y pese a que durante el año pasado se destinaron recursos adicionales al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se creó un fondo específico para la atención de conflictos ambientales, la complejidad institucional y los conflictos territoriales han obstaculizado la implementación efectiva de estas medidas, según lo que ha mencionado Carolina Gil, directora de Amazon Conservation Team (ACT) al medio Mongabay, en concordancia con el análisis de múltiples expertos/as.
A pesar de la desaceleración significativa de la deforestación, particularmente en la Amazonía colombiana, según el IDEAM, expertos/as advierten sobre una posible influencia de la presencia de grupos armados ilegales y fenómenos como naturales como “La Niña” en estos resultados finales y destacan la importancia de interpretar estos datos con cautela.
Asimismo, aunque el compromiso del Gobierno está en reducir las violencias contra líderes y lideresas ambientales y garantizar su seguridad en todo el territorio, en 2023 Colombia se posicionó nuevamente como el país más peligroso para defensores/as ambientales, como informa Global Witness. Solo en el primer trimestre se registraron, según datos del programa Somos Defensores, 85 asesinatos y 280 amenazas a líderes y lideresas ambientales y de derechos humanos.
Por su parte, las economías ilegales, como los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, amenazan a zonas estratégicas para la conservación, como son resguardos indígenas y Parques Naturales.
De otro lado, se podría decir que el 2023 también trajo “buenas noticias”, pues se hizo un aumento del 3% en el presupuesto para el ambiente, se creó el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, en el que se decretó una asignación del 80% del impuesto al carbono para la conservación ambiental y se aprobó la Ley 2327 de 2023, que establece la definición de pasivo ambiental y fija los lineamientos para su gestión.
No obstante dichos avances, a cierre del 2023, expertos y expertas coinciden en que la lentitud institucional en la implementación de acciones y regulaciones, así como la falta de claridad en estrategias como el ordenamiento territorial y la restauración de bosques plantean desafíos para el futuro ambiental del país. Asimismo, según la información dada por la investigadora y exviceministra de Ambiente Sandra Vilardy al medio El Tiempo, la ejecución presupuestal para acelerar la adaptación climática en todo el territorio será fundamental.
Con el contexto anterior, Colombia se prepara para enfrentar los retos ambientales que trae el 2024, donde la protección de defensores ambientales y la gestión de áreas afectadas por el conflicto se erigen como prioridades esenciales.
El país busca cambiar su reputación como uno de los lugares más peligrosos para los defensores ambientales. En 2023, se registraron 188 amenazas o atentados contra líderes y lideresas del territorio, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En este contexto, la coordinación efectiva en la implementación de políticas de defensa, garantías para quienes ejercen esta labor, así como el desmantelamiento de grupos armados al margen de la ley, se vuelve esencial, según el llamado reiterativo que Pilar Castillo, directora ejecutiva de la Asociación Minga, ha hecho al Gobierno Nacional.
En términos de pérdida de bosque, Colombia enfrenta el desafío de mantener la tendencia a la baja en la deforestación. Para ello, garantizar la gobernanza y la ejecución de políticas efectivas para controlar territorios y proteger a los pueblos indígenas será crucial. Para ello, el Gobierno Nacional reitera que busca abordar las economías ilegales asociadas al narcotráfico y la minería, por medio de la implementación de estrategias para enfrentar los cultivos ilícitos y la contaminación derivada de la minería ilegal. Estos “mínimos” permitirán lograr la ambiciosa meta de restaurar 753,000 hectáreas para 2026, tal y como lo han afirmado algunos expertos y expertas en el tema.
Con una inversión de 34,000 millones de dólares, anunciada por el presidente Gustavo Petro durante la COP28, Colombia se encamina hacia la descarbonización de su economía. Para ello, el Gobierno ha propuesto la exploración y explotación de 12 minerales, como el cobre, el litio, el coltán, el cobalto, entre otros que permitirán producir energía limpia desde lo local. Para ello, será necesario, según lo afirmó Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), lograr el Acuerdo Nacional de Justicia Social y Ambiental, que permitirá zonificar el territorio en espacios aptos y no para la explotación de estos minerales.
A pesar de asignaciones presupuestales sin precedentes, como hemos mencionado, la ejecución efectiva de políticas ambientales se presenta como una tarea pendiente. La necesidad de una reforma que brinde liderazgo a las Corporaciones Autónomas y una mayor coordinación a nivel regional con las metas fijadas a escala nacimiento y global se vuelve evidente y representa uno de los grandes retos para el país.
Como lo menciona Rodrigo Botero en una de sus columnas para el medio Cambio, “la paz ambiental la construimos entre todos” y lograr que las políticas, planes y metas fijadas puedan ser cumplidas dependerá de que todos los actores sociales se involucren, aporten y tengan garantías mínimas de bienestar.
En resumen, en este 2024 Colombia enfrenta desafíos locales significativos, pero también asume un papel crucial al comprometerse con la protección del medio ambiente y la respuesta urgente a la crisis climática. Asimismo, el país tiene la oportunidad de consolidarse como un referente en la gestión ambiental, estableciendo un precedente para la región y el mundo en la construcción de un futuro equitativo y en armonía con la naturaleza.
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