Este capítulo muestra los aspectos más relevantes en materia de cambio climático en el departamento de Antioquia, un territorio compuesto por 125 municipios en los cuales habitan 6,407 millones de personas. El 47.7% de su territorio corresponde a agroecosistemas, el 38.8% a ecosistemas naturales terrestres, el 13.2% a ecosistemas acuáticos y el 0.25% a ecosistemas costeros. Sus principales actividades económicas son la prestación de servicios, la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería.
La visión de descarbonización de Antioquia en los sectores de energía y transporte está alineada con la Contribución Nacionalmente Determinada-NDC de Colombia y la Estrategia de Largo Plazo del país para la carbono neutralidad y resiliencia climática. Su formulación se construyó de manera participativa, integrando a los diferentes sectores y actores del territorio, de tal manera que su implementación sea efectiva y responda a las necesidades de los antioqueños y al contexto del territorio. Antioquia es el departamento del país con mayor cantidad de emisiones de GEI de Colombia asociadas a los sectores de agricultura, forestal, industria y manufactura y transporte, siendo los municipios de Yondó, Caucasia y Medellín los que más aportan.
Teniendo en cuenta este escenario, la visión de descarbonización del departamento busca que para el año 2050 Antioquia sea un referente en investigación, educación y tecnología desde la eficiencia energética para impulsa nuevos procesos sostenibles y la conservación de los servicios y recursos naturales.
En el sector energía el departamento tendrá una matriz energética complementaria con una cobertura del 100% basada en energías renovables. Además, la región será líder en la transición energética del sector transporte y el impulso de la movilidad activa, a partir del mejoramiento del transporte público y privado, la transformación de la infraestructura y su flota vehicular y el impulso a sistemas logísticos intermodales sostenibles y eficientes.
Antioquia se constituye como un referente de acción climática en el país. En 2018 se formuló el Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia (PICCA), que fue adoptado a través de la ordenanza 49 del 30 de diciembre de 2019, como una herramienta guía para dar respuesta a los desafíos del cambio climático en el territorio y coordinar las acciones territoriales e intersectoriales de mitigación y adaptación, reconociendo las particularidades de las nueve subregiones del departamento.
Asimismo, en febrero de 2020 el departamento declaró la Emergencia Climática y se constituyó como el primer ente territorial en Colombia en declarar este estado. La decisión se fundamentó en los impactos del cambio climático que han afectado el territorio como el aumento gradual de la temperatura, el incremento de incendios forestales, el deterioro de la calidad del aire y el desabastecimiento del agua en especial en el Urabá, el Oriente y el Valle de Aburrá.
En este orden de ideas, y en el marco de la elaboración de los instrumentos públicos de planificación y desarrollo territoriales de Antioquia, desde Camino Hacia Carbono Neutral buscamos generar una ruta de descarbonización territorial que permita a los municipios antioqueños, en todos los niveles, transitar de manera justa, equitativa e incluyente hacia la carbono neutralidad y la resiliencia climática. Cabe destacar que las rutas territoriales de descarbonización constituyen una apuesta del proyecto CHCN para implementar los compromisos globales y nacionales de descarbonización a escala local, a partir de procesos de gobernanza climática que, en el marco de las “visiones de descarbonización”, permitan la implementación de acciones coherentes, integrales y multipropósito. Además, es importante mencionar la gran participación de la comunidad antioqueña en la rueda de negocios en el marco de la feria de financiamiento de la Convención Internacional de Emergencia Climática, donde se postularon más de 250 proyectos de los cuales se priorizaron 56 proyectos en 27 municipios del territorio distribuidos en un 40% en el sector de energía, el 25% AFOLU, el 14% en movilidad y el 9% en TIC.
